Los partidos acordaron un enfoque "prioritario" en la Educación Media en este período para "transformar" el sistema. Entre otras medidas, plantean que los profesores se concentren en un liceo, cambiar la carrera docente y hacer prueba de egreso.
La idea es que todos los liceales pasen por "una prueba nacional de egreso" una vez que culminen sexto año, al estilo de los exámenes que se realizan en otros países. Pero, al menos en una primera instancia, la prueba tendría "carácter de diagnóstico, desprovista de efectos selectivos y restrictivos".
Esa es una de las conclusiones de un documento de 25 páginas y 12 capítulos, negociado y acordado durante cuatro meses por la comisión multipartidaria de educación. Se trata de una propuesta "para elaborar políticas de Estado", que en estos días está en poder de los órganos partidarios, que deben darle el visto bueno.
La propuesta de "prueba nacional" fue motivo de debate en la comisión multipartidaria y generó divisiones a la interna de los partidos. Así, primó la visión de que la prueba no tenga efectos para el acceso posterior a la educación terciaria.
"El valor estará en la devolución de la prueba. Es mejor hacerla, aunque no tenga consecuencias ni efecto suspensivo", dijo a El País el delegado del Partido Independiente, Javier Lasida. El resultado de estas pruebas servirá para crear un Sistema Nacional de Evaluación Educativa, "que ofrezca información pública y comparable".
El texto acordado, al que accedió El País, aconseja redactar al menos dos leyes: una para crear una agencia independiente que controlará a las universidades privadas y la pública (ver nota aparte) y otra para modificar varios aspectos puntuales de la ley de educación. Entre otros puntos, se retocará el artículo 17 para "complementar el concepto de laicidad", enfatizando en la imparcialidad, y se establecerá que el Congreso Nacional de Educación debe reunirse cada cinco años.
Los partidos se comprometen a dar sus votos para constituir como ente autónomo el Instituto Universitario de Educación, que se encargará de la formación de los profesionales de la educación. Lo mismo con el Instituto Terciario Superior, que incorpora a la UTU.
SECUNDARIA.
Los partidos afirman que "persisten problemas graves" en los liceos y mencionan la "pérdida de sentido de la Educación Media para importantes sectores", la inequidad en los resultados educativos y en el egreso "en detrimento de los sectores más pobres", además del ausentismo docente.
Y se marca como "especialmente preocupante" la baja cobertura de la Educación Media Superior (egresa un tercio de los jóvenes) y las escasas variaciones "en los últimos 25 años".
Por eso, hay acuerdo en otorgarle "un tratamiento prioritario en los próximos cinco años a las políticas educativas" en este nivel. Para 2015 se plantea como objetivo que todos los alumnos culminen el Ciclo Básico y que la mitad de los adolescentes de 18 años termine el ciclo superior. También se quiere reducir al 15% la tasa de repetición en Ciclo Básico y se plantea como meta para 2030 "que todo joven haya completado los catorce años de escolaridad", dice el texto acordado.
El documento habla de la "transformación" de la Educación Media, para lo cual se apunta a la "profesionalización" de los docentes, con una nueva carrera que jerarquice la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de perfeccionamiento o postgrado, así como las publicaciones e investigaciones realizadas.
Se intentará asegurar la "concentración" de docentes en un centro y para eso se instituirá el "docente cargo o profesor de centro" que permita "sentimiento de pertenencia de los profesores al liceo, así como mayor conocimiento de los alumnos y su realidad social".
CAMBIOS.
Al final del quinquenio los liceos deberán tener una "dimensión personalizante" y a lo sumo 600 alumnos en dos turnos con grupos no mayores a 30 por clase. Los partidos plantean, como meta, la construcción de 58 liceos del ciclo básico en este período.
Respecto a Primaria, se sugiere que las escuelas de tiempo completo lleguen a todos los niños pobres: para eso se precisa crear 169 nuevos centros, llegando así a 300 escuelas. Se incluirá la enseñanza de inglés o portugués en esos centros y que cada escuela gestione parte de su presupuesto.
Agencia de control.
La elaboración de una ley para crear una agencia que controle y "asegure" la "calidad de las instituciones universitarias públicas y privadas" es uno de los acuerdos logrados. La agencia será independiente del sistema político y de las instituciones. Contará con recursos y autonomía financiera y continuará la acreditación de carreras en el marco regional.
El delegado frenteamplista Pablo Álvarez dijo a El País que la idea es que todo el sistema terciario, incluida la Universidad de la República, esté "bajo el ojo de la agencia", pero admitió que eso será decidido por los legisladores. Durante la discusión del documento, la oposición insistió para poner en "igualdad de condiciones" a públicos y privados.
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